Chetumal, 14 de octubre
REDACCIÓN
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, emitió la Recomendación 17/2015 en contra del Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera por la tortura de dos ciudadanos de la Ciudad de Cancún, por parte de Agentes de la Policía Judicial del Estado y de quien ostentara el cargo de Director General de la Policía Judicial del Estado cuando sucedieron los hechos.
Esta recomendación deriva del expediente VG/BJ/136/03/2013-4 y su acumulado VG/BJ/137/03/2013-5 en los cuales se señaló que dos personas de sexo masculino fueron detenidos por la Policía Turística Municipal por ultrajes a la autoridad, y que posteriormente fueron remitidos con los agentes de la Policía Judicial del Estado al presuntamente encontrarse relacionados con el homicidio en el bar “La Sirenita” acontecido el 14 de marzo de 2013. En este sentido, las dos personas detenidas refirieron haber sido objeto de tortura como golpes, toques eléctricos, asfixias y otros tratos graves e ilegales.
En el expediente de queja y su acumulado obra la constancia de los resultados del Protocolo de Estambul aplicado por Peritos en Psicología y Medicina Forense adscritos a la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se concluyó la alta probabilidad que el daño médico-psicológico fuera causado por hechos de tortura.
En esta investigación la Segunda Visitaduría General citó a comparecer a más de una treintena de servidores públicos que en algún momento tuvieron contacto con los agraviados.
Del análisis jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo cuenta con elementos que permiten acreditar las violaciones a los derechos humanos de ambas personas, específicamente a la integridad y seguridad personal, por hechos consistentes en la tortura, atribuibles a los elementos de la Procuraduría estatal.
La recomendación dirigida al Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, se conforma de siete puntos, entre las cuales figuran que se inicie el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en contra quien en ese entonces ocupaba el cargo de Director General de la Policía Judicial del Estado, diversos agentes de la policía judicial, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y Oficiales Secretarios -que fueron omisos en garantizar los derechos humanos de los agraviados conforme a lo dispuesto en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley-, para determinar el grado de responsabilidad en que incurrieron al violentar los derechos humanos y, consecuentemente, imponerles las sanciones que legal y administrativamente les sean aplicables.
Asimismo se recomendó que como medida de rehabilitación, se proporcione atención médica, psicológica y psiquiátrica a los agraviados, en calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos. Para el caso específico del agraviado que permanece interno en el CERESO de Cancún, se recomendó se le reubique en un lugar donde se garantice su integridad personal y su vida. De igual forma se pide se inicien los trámites necesarios para que se reparen de manera integral los daños causados a en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.
De igual forma se contempla la disculpa pública a los agraviados, capacitación y formación en derechos humanos de los servidores públicos de la PGJ; instruir a los agentes de la Policía Judicial se abstengan de instigar, cometer o autorizar a un tercero o se sirvan de él, para infligir a una persona actos de tortura, o no eviten que se cometan dichos actos sobre una persona que esté bajo su custodia.
Por último se recomendó girar instrucción a efecto de que manera perentoria se emita la determinación correspondiente en la averiguación previa existente, instruida por el delito de tortura cometida en agravio de los ya señalados, y en contra del Director General de la Policía Judicial y demás servidores públicos involucrados.
En relación a esta recomendación el ombudsman del estado reprobó los actos de tortura y se pronunció para que los servidores públicos respeten los derechos humanos de las personas y que las investigaciones de los encargados de la procuración de justicia se apeguen al marco normativo y al principio de legalidad, en aras del fortalecimiento del Estado de Derecho.
En este sentido mencionó la necesidad de trabajar específicamente en capacitación a fin de que las y los servidores públicos conozcan los derechos humanos y se conduzcan con legalidad.
