Chetumal, 20 de febrero (Novedades Chetumal)
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) apeló ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJE) la decisión del Juez de Control, Daniel Farah Godoy, quien no admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de D. J. C. R., alias “El Sandía”, por el delito de homicidio en agravio de la activista política María Elena Pérez Huerta, el 26 de julio de 2014.
En caso de que la apelación no favorezca a la Fiscalía, el imputado cumpliría la medida cautelar de un año en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal y el próximo 31 de julio estaría en libertad.
Acusan de un criterio cerrado
El procurador, Gaspar Armando García Torres, calificó de cerrado el criterio que utilizó el juez, quien argumentó que no se debió recopilar información del domicilio de la agraviada sin antes obtener la orden judicial, restándole, de acuerdo con el procurador, facultades al agente del Ministerio Público.
“Nos parece caer en un absurdo, porque entonces cómo auxiliamos a una víctima, cómo vamos a levantar un cadáver, cómo levantamos evidencia. En este caso en particular, se respetó la cadena de custodia, no se violentaron derechos de la víctima o del imputado y sobre todo, la hija de la occisa concedió el permiso para ingresar a su casa; en la audiencia la joven dijo al juez que ella dio la autorización, en principio porque su mamá estaba lesionada de gravedad”, expuso.
García Torres indicó que las pruebas presentadas son importantes, como pruebas de sangre, ADN, objetos, entre otras que derivaron de la inspección que se hizo al interior del domicilio, básicas para fortalecer la imputación y vinculación a proceso.
Presentan apelación
“Consideramos que es una situación fuera de contexto legal y así lo estamos manifestando en nuestra apelación. Pensamos que el Tribunal no debe darle sustento a este criterio, el cual no esperábamos porque no habíamos tenido uno similar”, dijo.
Explicó que una vez interpuesta la apelación, es necesario esperar a que concluya, en un periodo de 15 días aproximadamente, y en caso de confirmar la decisión del juez está en riesgo que una vez que fenezca el plazo de un año como prisión preventiva, D. J. C. R salga en libertad
