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Rechazan comerciantes chetumaleños cobro de mil 200 pesos

Chetumal, 18 enero
Ángel Solís

Propietarios de establecimientos de venta de ropa, calzado, bisutería, tendejones, entre otros micro y pequeños comercios, rechazaron el cobro que pretende realizar el Ayuntamiento capitalino de mil 200 pesos por concepto de derecho de “Operación Ambiental”, por lo que anticipan que de persistir esta intención de cobro recurrirán al amparo colectivo.

Encabezados por Cesar Antonio Iuit, dirigente de la Unión de Comerciantes y Prestadores de Servicios en Chetumal, un grupo de comerciantes de esta ciudad ofrecieron este martes una rueda de prensa para señalar que los giros comerciales a los que pertenecen y ofrecen sus productos al público no contaminan el medio ambiente y su pago representaría un duro golpe a su economía familiar, ya afectada por todas las medidas y restricciones sanitarias durante estos casi dos años de la entrada de la pandemia viral.

“A diferencia de otros, nuestro sector no contamina el ambiente y están terminando con la gallina de los huevos de oro”.

El dirigente de los comerciantes en la capital del estado aseguró que son 900 propietarios de estos pequeños establecimientos que se oponen al pago de este derecho, ya que según menciona a estos mil 200 pesos se suman los 500 pesos que pagan por derecho de anuencia municipal para el trámite de su permiso anual.

Reconoció que el pasado mes de diciembre las ventas repuntaron entre un 20 a un 30 por ciento, pero con ese dinero que obtuvieron sus agremiados no pudieron ni cubrir las deudas bancarias y a prestamistas que realizaron para poder evitar el cierre y el despido de su personal en sus negocios durante estos 22 meses de pandemia.

Agregó que a esta difícil situación se sumarán el aumento de las tarifas de energía eléctrica y las rentas y aumento a los salarios de su personal, lo que ocasionará que se vean en la necesidad de bajar las cortinas ante tantos aumentos de pagos combinados con las bajas ventas.

Por último, anticipó que en los próximos días presentarán un recurso de inconformidad ante la autoridad municipal y en caso de no tener una respuesta favorable recurrirán al amparo colectivo, porque aseguran que “este cobro por concepto ambiental no está fundado y motivado”.

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