Chetumal, 12 de octubre
Juan Juárez Mauss
Alicia Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Integral (API), anunció la revisión a la concesión que se entregó a la empresa naviera “Barcos Caribe”, otorgada en la gestión del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Expresó que esta revisión se dará no solo a esta naviera, sino a todas las que operan en el estado para ver en qué situación se encuentran y si cumplen con la normatividad que marca el estado, toda vez que la concesión es federal pero el permiso para el atraque de las naves en puertos administrados por la API es jurisdicción del estado.
“Vamos a revisar todas las concesiones, desde luego está también, vamos a revisar que cumpla con la normatividad, que efectivamente haya cumplido con todo lo que dice la norma, vamos a revisar todas las concesiones”, anunció.
Sobre la posibilidad de otorgarle un permiso a esta empresa para que construya un muelle de atraque en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Alicia Ricalde dijo desconocer este trámite, ya que solo tiene unos días en el cargo, además que no sabe aun oficialmente si la naviera Barcos Caribe pertenece al ex gobernador Roberto Borge Angulo pese al comentario popular. “Lo comenta el pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios, pero aún no he revisado las concesiones”, dijo.
En otro orden de ideas, la directora de la API anunció que los trabajos de dragado del canal de Zaragoza fueron detenidos debido a que la pasada administración no aportó la cantidad de 10 millones de pesos.
Dijo que la obligación de la pasada administración fue la entrega de 20 millones de pesos, de los cuales aportó solo 10 millones dentro del convenio que se firmó con las autoridades federales, entre ellas, la Armada de México.
Ricalde Magaña adelantó que se volverán a firma los convenios con la Armada de México para los trabajos del canal de Zaragoza, ya que no es posible que una obra que cuesta 200 millones de pesos esté detenida por 10 millones que no entregó la administración de Roberto Borge.
Cabe señalar que en septiembre de 2015, autoridades federales y estatales presentaron la manifestación de impacto ambiental tras realizar estudios técnicos, geofísicos y ambientales para poder precisar los trabajos del dragado y posibles acciones para mitigar efectos ambientales o de contaminación con un costo aproximado de 20 millones de pesos, dinero del cual se sabe ahora solo se entregó la mitad.
