Chetumal, 26 de junio
Dominga Calles
Ex trabajadores del Ayuntamiento de José María Morelos, lograron por primera vez en la historia de Quintana Roo ganar en instancias federales el pago de la indemnización correspondiente al despido injustificado que sufrieron en el 2002, al inicio de la administración municipal de Germán Aurelio Parra López.
Eran 76 ex trabajadores los que aquel 24 de mayo de 2002 –hace 13 años- iniciaron el procedimiento jurídico para defender sus derechos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a todos les tocó sufrir por la dilación del expediente por parte de la citada autoridad, tuvieron entonces la necesidad de interponer recursos de inconformidad y luego de más de seis años de espera, dicho tribunal emitió un laudo en su contra.
Ante el desanimo generado por la excesiva espera de la respuesta oficial, sólo 13 de los 70 ex empleados continuaron en la batalla legal y apelaron entonces dicho laudo ante la justicia federal. Por ello les fue otorgado un amparo en el Juzgado Sexto de Distrito que además ordenó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado emitir un nuevo laudo porque a los demandantes les asiste la razón, la ley y deben ser indemnizados.
El nuevo documento que se emitió el 7 de agosto de 2013, conforma el expediente número 24/2002 y es el Laudo No.-035/2013 -publicado en Lista de Estrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el 9 de agosto de ese año- que a la letra dice “Se declara procedente la acción de indemnización constitucional…y se condena al demandado H. Ayuntamiento de José María Morelos a pagar…todas y cada una de las prestaciones cuantificadas en esta resolución”.
Agustín Dzib Chan, uno de los demandantes, ya nunca se enteró de esta tan esperada buena noticia, pues falleció en junio de 2011 a la edad de 52 años, en un accidente vehicular en José María Morelos, el día del burócrata.
El pago ordenado por la autoridad federal incluye los salarios caídos contados desde el 10 de abril de 2001 -fecha del despido injustificado- más lo que se genere hasta el día en que se cumplimente la totalidad del laudo, adicionalmente los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y las prestaciones correspondientes al nivel que cada trabajador tenía al momento de ser injustamente despedido.
Las prestaciones que se les adeudan a los trabajadores demandantes, suman en total cinco millones quinientos sesenta y cinco mil ochenta pesos, moneda nacional, hasta la fecha en que fue emitido el laudo el 7 de agosto de 2013, pero a casi dos años de su incumplimiento, la cifra se ha incrementado a favor de los ex trabajadores y cada día que transcurra deberá ser integrado en el cómputo final del monto a pagar por parte del ayuntamiento morelense, de manera tal que actualmente esa cifra se aproxima a los seis millones quinientos mil pesos.
El ayuntamiento –ahora presidido por Juan Manuel Parra López- adujo que no tenía dinero y se negó a pagar, promoviendo además un amparo en la administración actual ante el tribunal colegiado con sede en Cancún, instancia que les dio vista a los demandantes quienes a su vez expusieron sus argumentos, en consecuencia el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito por unanimidad de votos le negó el amparo al ayuntamiento, sentencia que se emitió el 26 de marzo de 2015, con lo que respalda el reclamo de los ex trabajadores para que se les pague la indemnización constitucional correspondiente.
Luego de 13 años de litigio, ya no existe ningún recurso legal ni instancia a recurrir para la negativa de pago, sin embargo la autoridad ejecutora –Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado- ha incurrido nuevamente en dilación, puesto que ya pasaron tres meses y no le ha notificado oficialmente al ayuntamiento de José María Morelos la ordenanza federal que los obliga a pagarle a los ex empleados.
Galo Tuyu Y Chí, representante del grupo de ex trabajadores demandantes, quienes todavía apelan a la sensibilidad por parte de las instancias locales expresó: “Hacemos un llamado al Gobernador para que le ordene al ayuntamiento que nos pague, porque él con el mando que tiene como primera autoridad del Estado puede hacer que esto se agilice, estamos hablando de trece años y el fallo que da el tribunal colegiado ratifica que nos tienen que pagar pero el tribunal de conciliación tiene frenado todo y evita que este proceso se termine como debe de ser de acuerdo a la ley”
Sobre los años de espera que ya merman la paciencia de los morelenses, afirmó: “Hubo mucho trámite, diálogo, tratamos de conciliar las cosas para llegar a una negociación pero de parte del ayuntamiento no hubo voluntad política ni social para nada, la verdad de las cosas luego de trece años, ya todos estamos cansados, ya todos estamos fastidiados, ya nos molestamos hasta con las leyes hasta cierto punto, ¿Porqué tienen que pasar 13 años para terminar un proceso que pienso que hasta en un año se puede resolver?, ¿Dónde quedan los diputados, los que deben aprobar leyes?, ¡Pero leyes para la justicia, no para la injusticia!
Las medidas de apremio por no pagar incluyen que al ayuntamiento morelense se le inicie un proceso de embargo, de juicio político, incluso de inhabilitación por no acatar una resolución de orden federal.
Los demandantes ante la dilación pueden por lo tanto acudir al Congreso del Estado para solicitar se inicie un juicio político en contra del ayuntamiento de José María Morelos, ente jurídico demandado.
El ayuntamiento perdió la demanda, el resolutivo del tribunal federal, liso y llano ha quedado firme, tienen que pagar y en efectivo.
Dentro del listado de medidas que tomarían los demandantes ante la negativa de pago, refieren que consideran unirse a la manifestación que están haciendo los ex trabajadores de Felipe Carrillo Puerto, con la diferencia de que ellos -los de José María Morelos- ya tienen ganado el caso en cuanto a lo legal.
Los ex trabajadores del ayuntamiento de José María Morelos, han establecido con su lucha un precedente jurídico para nuestro país, ahora cada ayuntamiento que entre y despida a sus empleados tiene que liquidarlos con todo lo que marca la legislación laboral nacional, las administraciones que lleguen tendrán que valorar si despiden o no al personal, porque no existe diferencia entre plazas de confianza, de base o sindicalizadas, pues por el hecho de existir una relación laboral tienen todos los derechos a las prestaciones de liquidación que marca la Ley Federal del Trabajo.
Sobre la dilación en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Local, se elabora ya la demanda de juicio político en contra de su titular, así como la petición al tribunal federal para que se realice un proceso penal administrativo por inejecución de sentencia en contra de esa autoridad y también del ayuntamiento morelense, que incluye no sólo al presidente municipal sino a todos los integrantes del cabildo, como autoridades responsables.
