Principales

Serviles y saqueadores

Chetumal, 29 Mayo

(Por Esto Q Roo).

A un año de cumplirse las elecciones del 5 de junio de 2016, los diputados locales por la coalición PAN-PRD se olvidaron de cumplir sus promesas de campaña y sólo han utilizado el cargo conferido para su lucimiento político y mediático, así como para el dispendio de su gran presupuesto y para obedecer todas las órdenes del gobernador Carlos Joaquín.

Los diputados joaquinistas poco han sabido valorar y han insultado el voto ciudadano, ya que sólo se han dedicado a hacer todo lo que criticaron del viejo PRI y de la anterior legislatura, que es utilizar al Congreso del Estado para su revanchismo político y enriquecimiento personal, además de ponerlo al servicio del gobernador trayendo como consecuencia el incremento de la deuda pública, más impuestos y un incongruente y desproporcionado presupuesto estatal 2017, entre otras decisiones que han afectado o han traído nulo beneficio a las familias quintanarroenses.
Los cabecillas encargados de someter el Poder Legislativo a la voluntad del Ejecutivo han sido el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, junto con el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, quien se encarga de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.

Ambos diputados llegaron al cargo por la vía plurinominal, es decir, ni siquiera fueron electos por el pueblo quintanarroense, lo cual ha quedado más que claro porque han olvidado los compromisos pactados con la ciudadanía, y en lugar de cumplirlos han preferido anteponer sus compromisos personales y los que tienen con sus partidos y con el gobernador Carlos Joaquín.
Del Partido Acción Nacional (PAN) también están los diputados Fernando Zelaya Espinoza y Jesús Zetina Tejero, así como las diputadas Mayuli Martínez Simón, Eugenia Solís Salazar y Gabriela Angulo Sauri.

Los diputados Fernando Zelaya Espinoza y Mayuli Martínez Simón han empezado a hacer actos anticipados de campaña, porque tienen intenciones de abandonar el cargo que les fue conferido por los quintanarroenses para aspirar a una candidatura en el proceso electoral de 2018, por lo cual rogarán nuevamente por el voto ciudadano a pesar de que no terminarán la diputación local que tanto pidieron en las pasadas elecciones.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se cuenta con la diputada Laura Esther Beristain Navarrete y con el diputado José Esquivel Vargas, mejor conocido como el “Jeque Árabe” porque su familia presume los constantes y costosos viajes a la ciudad de Dubai.

Como coalición PAN-PRD estos diputados hicieron muchas promesas en campaña y a lo largo del periodo que lleva la XV Legislatura, pero no las han cumplido porque se han ocupado de satisfacer sus intereses personales y políticos; incluyendo los actos de revanchismo en contra de la pasada administración, el derroche de recursos para beneficio personal y el fiel servilismo a los designios del gobernador Carlos Joaquín.

Promesas incumplidas
Los legisladores joaquinistas cuentan con una muy extensa lista de compromisos incumplidos, y a continuación se exponen los principales:

No han eliminado la figura de la Gran Comisión del Congreso del Estado, a pesar de que prometieron hacerlo como parte de sus primeras acciones legislativas, luego de señalar en incontables ocasiones que era un órgano obsoleto que debía ser cambiado por una Junta de Coordinación Política.

Una vez que los diputados del PAN-PRD se hicieron con el control absoluto del Poder Legislativo a través de la figura de la Gran Comisión, cambiaron el discurso y ahora dicen que sí la van a eliminar, pero por ser un tema “complejo” podría darse hasta que concluyan su periodo como legislatura, es decir, hasta el 2019.

Los diputados usaron como bandera de campaña la eliminación del fuero a altos funcionarios, e incluyeron esta propuesta dentro de su Agenda Legislativa; sin embargo, todo quedó en palabras vacías porque se han olvidado de ello y no se ven intenciones de hacerlo una realidad.

Como parte de sus promesas también dijeron que aplicarían todo el peso de la ley a exfuncionarios y empresas relacionadas con la corrupción y saqueo de los recursos públicos durante las pasadas administraciones, en donde figuró la “cacería” encabezada por el diputado Emiliano Ramos contra la paraestatal VIP Saesa, luego de encontrarle presuntas irregularidades que presumían el mal manejo y desvío de cantidades millonarias que se hizo en la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo.

Sin embargo, todo fue parte de un show político y mediático para el lucimiento del diputado, porque al final no se aplicó castigo e incluso la empresa paraestatal continúa encargada de los costosos viajes aéreos del gobernador Carlos Joaquín.

Algunos diputados también se opusieron férreamente a la imposición de la verificación vehicular y activación de los verificentros, pero por indicaciones del gobernador Carlos Joaquín cambiaron su postura y ahora se encuentran listos para autorizar estas medidas al momento que el mandatario estatal lo solicite.

La declaración 3 de 3 es otro compromiso incumplido de la XV Legislatura, porque a pesar de que los diputados presumen de tener un Congreso transparente con los ciudadanos, sólo cuatro de los 25 diputados locales han cumplido con esta encomienda ciudadana, mientras que el resto ha puesto diferentes excusas para no hacerlo.

Un eslogan de campaña de la coalición PAN-PRD fue el de generar mayores fuentes de empleo, sin embargo, los diputados que la representan hicieron todo lo contrario y quedaron “mudos” con la ola de despidos orquestada por el gobierno de Carlos Joaquín, sin siquiera defender a esas familias quintanarroenses que confiaron en el “gobierno del cambio” y que ahora están desempleadas.

Los legisladores joaquinistas prometieron trabajar desde su curul para impulsar a las empresas locales y reactivar la economía quintanarroense, pero a casi 9 meses de llegar al cargo no han impulsado una sola iniciativa que se traduzca en este tipo de beneficios para los quintanarroenses.
En un principio la XV Legislatura, encabezada por la fracción panista, prometió atender una nueva Ley de Movilidad en el Estado que sentaría las bases para diversificar el transporte quintanarroense, entre ellos permitir la entrada legal del servicio de transporte privado Uber; sin embargo, los intereses políticos han sido más fuertes y esta propuesta se mantiene en espera, luego que el diputado Emiliano Ramos Hernández y su hermano el director de Comunicaciones y Transportes en el estado, Alejandro Ramos Hernández, hicieran de la arbitraria cacería de unidades Uber su negocio personal, llevándose un jugoso botín de varios millones de pesos producto de las multas y extorsiones que comete la Sintra a los choferes de Uber.

Los diputados aprovecharon la fuerte inconformidad ciudadana en contra de los gasolinazos para sacar raja política del asunto, y aunque prometieron a los quintanarroenses que “trabajarían” para revertirlos y bajar el alto costo de los combustibles, sus “esfuerzos” consistieron en enviar un par de inútiles exhortos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, los cuales fueron desechados a pesar que los legisladores armaron un gran show mediático de ello, y hasta el momento no han hecho nada más por mejorar las condiciones económicas de las familias quintanarroenses que han sido tan golpeadas por los gasolinazos que respaldaron el PRI, PAN y PRD.

Éstas son sólo algunas de las promesas incumplidas por los diputados de extracción panista-perredista, quienes el tiempo que llevan de gestión sólo se han dedicado a presentar exhortos ociosos e iniciativas que no prosperan, y las que sí lo han hecho sólo han sido en perjuicio de los ciudadanos o simplemente no les han traído beneficios directos.

Como parte de sus primeras acciones legislativas, los diputados del PAN-PRD se vanagloriaron por revertir el llamado “paquete de impunidad” del exgobernador Roberto Borge Angulo, pero este “logro” de nada ha servido más que para beneficio personal de los legisladores.

Y es que los diputados del PAN-PRD han dedicado la mayor parte de su tiempo en cumplir ciegamente las órdenes del gobernador Carlos Joaquín, así como en satisfacer su revanchismo político contra la pasada administración priista; como por ejemplo los lentos procesos iniciados para buscar el juicio político contra exfuncionarios y magistrados del estado, que han demostrado ser inútiles por no tener un sólido sustento legal, trayendo como primeros resultados que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara los procedimientos de juicio político contra los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), tras resolver que el Congreso del Estado carece de las facultades para instaurar este tipo de acciones contra estos funcionarios, que fueron nombrados por el Senado.

Pero todavía los diarios POR ESTO! enlistarán las decisiones que los diputados joaquinistas han tomado en perjuicio del pueblo quintanarroense, así como el dispendio y opaco manejo de los recursos del Congreso del Estado.

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