Anwar Moguel
Una negligencia brutal que salpica a muchos causó la muerte injustificada de un bebé de tan solo dos años, ensombreciendo la vida de una familia que nunca pensó que un paseo dominical terminara en la peor pesadilla de cualquier padre y madre.
La causa, confirmada por los propios médicos de la Secretaría de Salud (Sesa), fue la ingesta de carne de pollo en mal estado comprada en un local instalado en pleno centro de Bacalar, donde vendían pollos asados estilo Sinaloa. Trece personas en total resultaron con severos vómitos, diarrea y dolor abdominal, llevándose la peor parte el pequeñito de la comunidad de Melchor Ocampo que perdió la batalla mientras era trasladado al Hospital General de Chetumal.
Son este tipo de muertes, evitables a todas luces, las que causan mayor dolor e indignación, no solo en la familia, sino en la sociedad misma que encara el hecho de que nuestra salud e incluso nuestras vidas están en manos de un hato de funcionarios incompetentes, expertos en el arte de la simulación y omisos en el cumplimiento cabal de sus responsabilidades.
Porque resultó que el mencionado local de pollos asados, que por cierto contaba con todos los mil y un permisos que solicitan las diferentes autoridades para vender alimentos, era un verdadero chiquero, un escenario asqueroso que más que un expendio de alimentos parecía un vertedero de desechos.
Por supuesto que el primer responsable de esta muerte es el dueño del local, que debe pagar las consecuencias más altas por atentar contra la vida de sus clientes, ya que las imágenes no dejan lugar a dudas sobre la porquería que reinaba en el lugar.
Pero son igualmente responsables las autoridades sanitarias, encargadas de vigilar y GARANTIZAR a la población que restaurantes y expendios establecidos y ambulantes de alimentos no representen un riesgo para la salud de los consumidores.
Todos en la cadena de mando tienen que rendir cuentas. Desde la cabeza, el titular de la Sesa, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, pasando por el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Francisco Lara Uscanga, y de manera muy particular el coordinador de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la zona sur, Ángel Sánchez Fernández, encargado directo de la vigilancia de estos establecimientos.
Porque ahora sí, muerto el niño, cerraron de inmediato la pollería y emprendieron la investigación para ver qué fue lo que causó la infección, sancionando con dureza al dueño del local con multas que pueden ir de los 66 mil a los 332 mil pesos y con la posibilidad de la clausura permanente del negocio.
En el papel de jueces, los jefazos de la Sesa y de Cofepris no miran la viga en su propio ojo, pues a pesar de que informaron que apenas en Semana Santa –hace dos semanas- realizaron una inspección rigurosa por el periodo vacacional, curiosamente, no vieron nada raro.
¿Acaso no se percataron de la suciedad que prevalece en el lugar? ¿Será que sus ojos entrenados para verificar donde se venden alimentos preparados con la higiene adecuada no detectaron el enorme riesgo? ¿O será que se hicieron de la vista gorda a propósito por algún motivo oculto?
Porque son ámpliamente conocidas en el sector alimenticio las malas mañas de los inspectores de la Cofepris, que si les conviene, simplemente pasan de largo. Casos de estos sobran, pero los propietarios de negocios prefieren mantenerlas en privado para evitar conflictos con la autoridad.
Si tienen algo de vergüenza, estos funcionarios culpables de negligencia en su labor deberían renunciar de inmediato a sus cargos, porque quedó más que claro que no pueden con el paquete.
Fuente: PolíticaQR.com
