Simulación en el Congreso: Nombran magistrados de Justicia Administrativa

Chetumal, 27 diciembre
Gabriel E. Manzanilla (Por Esto Q Roo)

Con la exclusión de la mayoría de los diputados, porque no se convocó a sesión del pleno de la Legislatura, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, que en su mayoría se compone con diputados de la coalición PAN-PRD, designó a los 5 magistrados que conformarán el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, siendo estos Alfredo Cuéllar Labarthe, Fernando Gama Rodríguez, Isabel Cecilia González Glennie, Antonio Sánchez Urrutia y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz.

La designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa quedó en manos de un pequeño grupo de diputados panistas y perredistas, y dos miembros de la Gran Comisión, excluyendo a la mayoría de los miembros de la Legislatura, porque no se convocó a sesión del pleno para tan importante nombramiento.

Además, se ocultaron a la ciudadanía los datos curriculares de los magistrados nombrados, entre los cuales se encuentran una militante activa del PAN relacionada con Alicia Ricalde Magaña, que le ganó a Eduardo Martínez Arcila la colocación de una colaboradora en el organismo; un abogado relacionado con el notario Naín Díaz Medina, exasesor de cabecera de Joaquín Hendricks Díaz; y otro abogado procedente del Estado de México sobre el cual pesa la sospecha de que no cumple el requisito de tener la residencia de 10 años en el estado que exige la convocatoria, lo cual demuestra que la XV Legislatura ha realizado una nueva simulación de proceso de elección.

Los diputados que se erigieron en “grandes electores” fueron sólo seis, siendo estos José Esquivel Vargas y Emiliano Ramos Hernández, del PRD; así como Eduardo Martínez Arcila, Fernando Zelaya Espinoza y la diputada Mayuli Martínez Simón, del PAN; y junto con los diputados Carlos Mario Villanueva Tenorio, del PES y Ramón Javier Padilla Balam, del Panal, dando una votación unánime para cada una de las binas que fueron presentadas por el Gobernador.

A lo anterior se suma que el proceso adoleció de carencias en la transparencia del análisis de los perfiles, puesto que lo único que se dio a conocer fue la lista de nombres, pero nunca se difundió un dictamen por el cual se determinara que cumplieran los requisitos los profesionistas cuyos nombres fueron turnados al Ejecutivo para la formación de las 5 binas de donde saldrían los nombramientos.

En sesión número 3 de la Diputación Permanente, se recibió y dio lectura a la propuesta del titular del Poder Ejecutivo, Carlos Joaquín González, para integrar el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo que tendrá como principal tarea resolver aquellas controversias derivadas de la comisión de responsabilidades administrativas calificadas como graves.

Tras un receso para valorar las propuestas finales, primero se sometió a votación cada una de las binas para elegir a los cinco magistrados y posteriormente, se estableció la duración de los encargos de cada uno de ellos.

De esta manera, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo estará integrado por los magistrados: Alfredo Cuéllar Labarthe, quien durará 6 años en su encargo; Antonio Sánchez Urrutia, quien durará 8 años en el cargo; Fernando Gama Rodríguez, permanecerá 8 años en el cargo; Isabel Cecilia González Glennie, la cual permanecerá 6 años en el cargo, y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, quién durará en el cargo 8 años.

Debido a que el Congreso del Estado ocultó los currículums de los profesionistas designados de esta manera para ocupar los cargos de magistrados administrativos, poco es lo que se pudo averiguar sobre sus antecedentes, pero en por lo menos tres casos se tienen elementos que indican el favoritismo hacia grupos de poder político de la entidad y la manipulación de los requisitos de la convocatoria.

De Alfredo Cuéllar Labarthe se supo que es abogado de la empresa de cajas de seguridad First National Security, que recientemente ha sido objeto de un aseguramiento de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de una investigación sobre presunto lavado de dinero, en el cual muchos particulares han denunciado abuso de autoridad.

Esta labor la desempeñó como parte del despacho Abraham Magaña y Asociados, del cual es subdirector, y también ha sido docente de la Universidad La Salle; pero sus relaciones políticas también tienen vínculos con Naín Díaz Medina, que fue asesor de cabecera del gobernador Joaquín Hendricks Díaz, lo cual le valió obtener la Notaría Número 37 de Cancún, y de la cual fue notario auxiliar Alfredo Cuéllar Labarthe.

En el caso de la abogada Isabel Cecilia González Glennie, ha sido responsable legal del movimiento Salvemos Manglar Tajamar hasta el año pasado; pero su nombramiento al parecer proviene más de sus relaciones con el PAN, del cual es militante activa, y con la exalcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), pues antes de ser designada magistrada se desempeñaba como Gerente Jurídico de la paraestatal, a partir de diciembre del 2016.

Como militante del PAN fue candidata a síndico suplente de Benito Juárez en la elección del 2013, aunque al final de la campaña la alianza con el PRD la sustituyó por Luis Eduardo Pacho Gallegos en la postulación; y hasta hace pocas semanas se ostentaba como delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Quintana Roo, en calidad de lo cual testificó el proceso de elección del comité municipal panista de Benito Juárez en julio pasado.

Por su parte, Fernando Gama Rodríguez, egresado de la UNAM, estuvo adscrito durante los años 2012, 2013 y hasta el 15 de febrero de 2015 a la Delegación de Asuntos Contenciosos de Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, con categoría de Abogado Dictaminador PF, según consta en una respuesta a solicitud de información pública en esa instancia, por lo que no se tiene la certeza de que tenga 10 años de residencia en la entidad, y a pesar de eso el “pequeño comité” de diputados le dio el nombramiento.

En tanto, Antonio Sánchez Urrutia ostentaba el cargo de Secretario Técnico del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que viene directamente del Gobierno del Estado, y antes fue director del Periódico Oficial del Estado, al inicio del sexenio. En el 2009 fue postulado por el PRD para el cargo de consejero electoral.

Por último, de Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, se supo que tiene varios años de carrera judicial, como profesionista en el Poder Judicial del Estado, y también se ha desempeñado como docente de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo). Hasta antes de su nombramiento era titular de la Unidad de Amparos del Consejo de la Judicatura.

Las cinco binas presentadas por el gobernador del estado fueron seleccionadas de entre 66 aspirantes que presuntamente cumplieron todos los requisitos, estando conformadas por Alfredo Cuéllar Labarthe y Jennifer Marlene Ramírez Reyes, Antonio Sánchez Urrutia y Sergio Avilés Demeneghi, Fernando Gama Rodríguez y Sandra Molina Bermúdez, Isabel Cecilia González Glennie y Cinthya Yamilie Millán Estrella, Carlos Humberto Pereira Vázquez y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz.

Por lo mismo, puede notarse que los elegidos fueron los que ocupaban el primer lugar en las binas, excepto en el caso de la última, donde el nombramiento recayó en el segundo integrante.

En este proceso de selección quedaron fuera las aspirantes Ligia Minerva Mendoza Agurcia, notaria que promovió amparos contra notarios que recibieron su patente de la anterior administración; y Cinthya Yamilie Millán Estrella, quien se desempeña como secretaria particular del diputado panista Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Ambas aspirantes habían sido acusadas por otros participantes tras considerar que había un claro conflicto de intereses en caso de resultar electas.

En el caso de Ligia Minerva Mendoza Agurcia, principal promotora de los amparos en contra de las notarías que otorgó el exgobernador Roberto Borge al final de su administración, no quedó dentro de las cinco binas presentadas por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González; mientras que Cinthya Yamilie Millán Estrella sí estaba dentro de las binas, pero le tocó estar en la que encabezaba su correligionaria del PAN Isabel Cecilia González Glennie, por lo que la allegada de Alicia Ricalde Magaña le ganó la partida a la cercana colaboradora de Eduardo Martínez Arcila.

El consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, Sergio Áviles Demeneghi, también formó parte de las propuestas enviadas por el titular del Ejecutivo para los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pero no fue designado.

De hecho, Sergio Áviles Demeneghi se inscribió pese a ser consejero electoral del Ieqroo y estar en marcha ya el proceso electoral 2017-2018, de tal forma que si resultaba electo como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa renunciaría a su cargo actual, pero en caso de no ser así seguiría conservando su puesto dentro del Ieqroo, planteando dos escenarios que le resultaban ventajosos.

No obstante, el proceso de designación realizado por el Congreso del Estado deja serias dudas sobre la calidad de la función que cumplirá el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que es un órgano público autónomo que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y se debe encargar de dirimir las controversias entre la administración pública estatal y municipales y los particulares, así como de fincar responsabilidades por afectaciones a la hacienda pública estatal y municipal, o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales.

De acuerdo con los artículos transitorios de su Ley Orgánica, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado quedará instalado para efectos de llevar a cabo su organización y funcionamiento interno administrativo, dentro de los treinta días hábiles posteriores a la designación de los magistrados, es decir, a finales de enero próximo.

Para iniciar su labor jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, quedará legalmente instalado el primer día hábil del mes de enero del año 2018. 

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