Columnistas

El Congreso del estado es una cueva de infractores de la ley

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

Aunque el Congreso de Quintana Roo tiene la encomienda de velar por los intereses del pueblo, se ha convertido en un barril sin fondo porque se autoasigna anualmente un presupuesto millonario que contrasta con los resultados legislativos que solo benefician a las élites del poder económico y político de la entidad.

Sin duda alguna el Poder Legislativo de Quintana Roo se ha convertido en trampolín político, agencia de colocación y escaparate para toda aquella persona que quiera darse a conocer para escalar a otro puesto político, como quedó demostrado durante el pasado proceso electoral, al pedir licencia un número considerable de representantes populares estatales para ir en busca de una presidencia municipal o una diputación federal.

Pero los resultados del trabajo legislativo hablan por sí solos, pues el nivel de productividad de quienes cobran como diputadas o diputados deja mucho que desear, porque las pocas leyes aprobadas fueron elaboradas como una copia del trabajo que se realiza en otros congresos del país. Lo más grave del asunto es que son leyes descontextualizadas de la realidad quintanarroense, lo que va en detrimento de la ciudadanía.

El pueblo de Quintana Roo paga mensualmente a 25 personas legisladoras, más a sus asesores y asistentes, además del gasto corriente de la institución, sin que tengamos un beneficio real. Si bien en cierto han sido aprobadas algunas leyes y modificadas otras, pero ha sido en perjuicio de la sociedad.

A dos años de haber iniciado funciones la XVI Legislatura, hasta el momento no le ha interesado llevar al pleno la aprobación de la nueva Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que fue abrogada por su antecesora. Tampoco les ha interesado conocer las necesidades reales de estos dos sectores poblacionales para poder construir una ley de la materia que en verdad atienda sus requerimientos.

Y un nuevo escándalo se acaba de dar a conocer, pues resulta que ninguno de los 25 integrantes de la Legislatura quintanarroense ha presentado su declaración patrimonial, lo que representa una ofensa a la sociedad, pues se supone que estas personas que hacen las leyes deben ser las primeras en cumplirlas. Hasta el momento, solo cuatro de los servidores públicos del Congreso han cumplido con esta obligación constitucional, pero las y los legisladores y el resto de los obligados a ello les importa poco que exista una normatividad al respecto.

De nada sirve tanto discurso sobre la transparencia y la rendición de cuentas, o ese mito del parlamento abierto, si una obligación tan elemental como es presentar una declaración patrimonial no la están cumpliendo. Antes de que termine su periodo legislativo deben rendir cuentas no solo ante sus órganos de control, sino ante la ciudadanía, pero no con sus rancios informes de labores legislativas, sino deben informar, además de en qué se gastaron el dinero del pueblo, cuáles fueron los criterios para esos gastos, así como los criterios para legislar como lo han hecho.

Es el momento que la ciudadanía le exija cuentas a las diputadas y los diputados de Quintana Roo, porque en pocos meses empezarán a realizar campañas para renovar el Congreso y para elegir a la persona que será la titular del Poder Ejecutivo Estatal y para entonces se les habrá olvidado que han quebrantado la ley al no presentar sus declaraciones patrimoniales e infringir la ley.

La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados que hacen la mayoría en el Congreso ha formado una mancuerna de complicidad con las y los diputados de los demás partidos políticos, porque como dice el refrán mexicano: “Chinto tapa a Chinto y Chinto a su compañero”. Es la expresión más descarada de la corrupción e impunidad.

Hay que recordar la sanción que ordenó la Auditoria Superior de la Federación para los integrantes del Congreso quintanarroense por la “desaparición” de más de 33 millones 611 mil 432 pesos destinados a la creación de empleos y pagos de servicios profesionales. Esta información fue publicada por Sol Quintana Roo en diciembre de 2020, “cuando según el máximo órgano fiscalizador del país, señaló los intentos de los diputados por comprobar el millonario desfalco, pero han sido infructuosos, pues la información proporcionada no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado por el máximo órgano auditor”.

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