Columnistas

Último manotazo en la mesa

Café Negro

Óscar González
Novedades Chetumal
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La semana informativa en Quintana Roo se la llevó la agonizante XIV Legislatura y no precisamente por razones para presumir. Lo sucedido en el poder legislativo deja muy claro algo que por supuesto ya se esperaba: la transición al primer gobierno estatal no priista que encabezará Carlos Joaquín González desde el saliente de Roberto Borge Angulo se caracteriza por una profunda ruptura, sin diálogo institucional y mucho menos tersura de maneras y acciones.

El mismo día en que un grupo de manifestantes, que incluía a diputados electos de la XV Legislatura y varios personajes de la política local, irrumpió en el recinto de Punta Estrella para protestar por lo que llamaban un inminente intento de blindar a Roberto Borge para cubrir las corruptelas perpetradas en su recortado sexenio, Carlos Joaquín hizo circular en las redes sociales a los diputados a no actuar en contra de lo que la ciudadanía decidió en las urnas electorales al darle un claro triunfo sobre el priista Mauricio Góngora Escalante. La zacapela no pasó a mayores, pero le dio un singular giro al proceso legislativo. Sin embargo el cuestionado periodo extraordinario de sesiones se instaló a pesar de la toma de tribuna por los inconformes, precisamente con esa agenda que éstos y Joaquín cuestionaban.

Los actos parlamentarios motivo del reclamo, empero, se llevaron a cabo: los diputados trasladaron el recinto legislativo a un hotel de lujo en Cancún y allí nombraron a tres magistrados del Poder Judicial percibidos como borgistas, al primer titular de la recién creada Fiscalía General de Quintana Roo y al nuevo responsable de la Auditoría Superior del Estado.

Todo depende desde dónde se mire, lo sucedido puede entenderse como la prerrogativa que le concede la ley al hombre fuerte del estado –un gobernador con un congreso afín–, como un autoritario manotazo en la mesa o como una garantía impuesta para la impunidad por la supuesta corrupción de los funcionarios del gobierno agonizante.

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La preocupación de Borge por la impopularidad de sus últimas gestiones como gobernador es evidente: pidió –y le fue concedida– una escolta personal para 15 años, pero, insistimos, los procedimientos legislativos que tanto agitaron la semana política y fueran pasto seco para las llamas de la crispación social aparentemente estuvieron apegados a la ley.

Por supuesto que Joaquín tampoco cometió ninguna infracción legal al alentar la protesta desde las redes sociales con un video en el que apelaba a la conciencia de los legisladores, pero sí dejó la extraña sensación de que no está dispuesto a esperar a septiembre para empezar a ejercer el poder.

Ni los nuevos magistrados numerarios Felipe de Jesús Magaña Solís y Carlos Alejandro Lima Carvajal, y el supernumerario Ángel Ysidro Quintal Quintal, ni el auditor superior Javier Zetina González o el fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, por más que sean borgistas llegaron a estos cargos clave para el futuro del todavía gobernador violentando la ley. El sesgo del famoso blindaje está más que claro, pero sería de una inocencia supina esperar que un gobernante que tenía a la mano los instrumentos para cuidarse las espaldas no lo hiciera. ¿Acaso Carlos Joaquín esperaba que su antecesor se le pusiera de pechito, luego de tantos agravios, casi odio demostrados por ambas partes? Es obvio que no, pero tampoco dejó pasar la ocasión de encender más los ánimos populares contra Borge, ya  de por sí bastante prendidos.

La revancha es inminente y muy poco hábil hubiera sido Borge al no buscar blindar su salida de la casona de Insurgentes y Heriberto Frías. El gobernador saliente nunca fue popular; omitió los baños de pueblo que nunca fueron su estilo y tomó decisiones que, justificadas o no, enojaron a la sociedad, como los dolorosos recortes a la plantilla laboral del gobierno.

En fin. Nada nos sorprende de lo acaecido en el congreso durante la semana pasada: ni el blindaje borgista ni el repudio a su postrera decisión.

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