Columnistas

Violencia extrema

Punto Final
Jorge Cruz Escalante
Novedades Chetumal

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La violencia que ha impactado Quintana Roo en las últimas semanas, ha llegado a un punto en el que si la autoridad correspondiente no toma medidas más enérgicas, sobre todo en el caso de los delitos cometidos por el crimen organizado, éste podría enseñorearse de nuestras ciudades como ocurre en otras partes del país, donde los delincuentes han instaurado su reino de terror.

Es preocupante la incidencia de delitos del fuero común, como el asesinato de una joven encontrada cerca del poblado de Luis Echeverría y que se presume se trató de un crimen pasional, aunque todavía no se tienen mayores datos, los robos a casas-habitación y comercios, las extorsiones telefónicas, entre otros más.

Sin embargo, el atentado con bombas molotov en un prostíbulo clandestino de Cancún, donde le quemaron los pies al encargado del congal y murieron dos personas, enciende los focos rojos en una sociedad que comienza a mostrar signos de impotencia y una mayor desconfianza de las autoridades, particularmente de las que en teoría deberían combatir a los delincuentes organizados.

En el sexenio anterior, según cifras conservadoras, unas 70 mil personas perdieron la vida, la mayoría relacionadas con hechos ilícitos, pero también se cuenta una cantidad brutal de víctimas que no tenían nada que ver con la criminalidad. En el actual gobierno federal, las cosas no son menos dramáticas, por más que se quiera tapar el sol con un dedo.

En el caso de Quintana Roo, son evidentes los esfuerzos que la autoridad estatal ha realizado para combatir a los criminales, pero los que cometen delitos del fuero federal son competencia directa de la Procuraduría General de la República y aquí es donde los resultados dejan mucho que desear e inclusive, nos hacen pensar que poco o nada se está haciendo.

Vemos con estupefacción cómo en otros estados del país, sea Michoacán, Guerrero o Sinaloa, los delincuentes organizados han convertido vastas regiones en zonas de terror, donde los habitantes tienen que pagar extorsiones si no quieren ser víctimas de la brutalidad de gente que se siente todopoderosa, porque la autoridad no hace su trabajo o peor, se ha convertido en su cómplice.

El gobierno federal debe tomar medidas urgentes y necesarias, para evitar que el crimen organizado convierta a Quintana Roo en su feudo, ante las terribles consecuencias que ello generaría no sólo en el aspecto de seguridad, sino en la cuestión económica.

Recordemos que nuestro Estado vive del turismo, especialmente del que nos visita del extranjero y si se tuviera la percepción de que en Quintana Roo el crimen organizado ha sentado sus reales, las consecuencias serían devastadoras. El atentado en Cancún con bombas molotov, envía un mensaje ominoso para todos los habitantes de la ciudad y no sólo debe alertar a las personas con posibilidades económicas.

Quienes trabajan en un prostíbulo clandestino como el que fue atacado con bombas molotov, no son precisamente personas de un gran poder adquisitivo, al contrario, se trata de gente que orillados por la miseria y la falta de oportunidades, no tuvieron otra que dedicarse a la prostitución.

El estigma social que siempre han sufrido las mujeres que se dedican a la prostitución, irónicamente no es ahora lo más importante, sino su propia seguridad personal, pues nadie puede asegurar que no volverán a atentar contra su vida para castigar a los dueños de los prostíbulos que no quisieron pagar la extorsión de los criminales.

Las autoridades deben encontrar pronto a los delincuentes para hacer que paguen por su delito, de lo contrario podría generarse una sicosis no sólo entre los dueños de establecimientos como el que fue atacado en Cancún, sino de otros que hasta ahora no han sido víctimas de los extorsionadores.

La sociedad espera que las autoridades que combaten el delito hagan bien su trabajo, que entiendan que los quintanarroenses no queremos que nuestro Estado sea víctima de criminales.

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