Notas

Presupuesto para el dispendio personal

Chetumal, 22 Nov

(Por Esto Q Roo).

Un verdadero atraco al presupuesto del próximo año es el que pretende el gobernador Carlos Joaquín González y sus colaboradores más cercanos, donde se privilegia a sus allegados y a la gente que operó a su favor para comprar la gubernatura de Quintana Roo, siendo un ejemplo que a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de Juan Vergara Fernández, la están hinchando con 228 millones de pesos más de lo que tuvo en este 2016, al pasar su presupuesto de 493 millones a 721 millones de pesos, sin ninguna justificación en programas de impacto social.

En el mismo sentido, el gobernador Carlos Joaquín González está regalando al sistema DIF Estatal 32.9 millones de pesos más para ejercer el próximo año, sin mayor justificación que estar a cargo de su esposa Gabriela Rejón de Joaquín; y en el caso del Poder Legislativo, se destinará un aumento de 95 millones de pesos para el Congreso del Estado, como un pago a la XV Legislatura por el servilismo que le han demostrado los diputados al aprobar ciegamente todo lo que ha presentado, portándose como Oficialía de Partes del Ejecutivo.

En contraste, en otras dependencias donde Carlos Joaquín no tiene ningún interés personal o compromiso político, como la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, e incluso la misma Secretaría de Gobierno, les ahorcará recursos al reducirles el presupuesto en el 2017.

Asimismo, a los organismos autónomos donde no tiene funcionarios de su grupo político los quiere ahogar aún más, negándoles un incremento de recursos por revanchismo político, lo cual destaca en el caso de la Fiscalía General del Estado, donde esta política tiene el efecto perverso de dañar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.

Los privilegiados del presupuesto
El proyecto de presupuesto en manos del Congreso del Estado demuestra que al gobernador Carlos Joaquín González no le importan Quintana Roo y su pueblo, sino que sólo le preocupa llenarse de recursos para él, su familia y sus colaboradores más cercanos, así como para los fuereños, principalmente procedentes de Puebla y Yucatán, a los que se comprometió a meter a medrar al erario de esta entidad, violando descaradamente las leyes, y con la complicidad del Congreso del Estado y el ayuntamiento de Othón P. Blanco, que han avalado la traición a sus paisanos.

Además, en la asignación del presupuesto Carlos Joaquín privilegia aquellas áreas donde tiene intereses personales, como es el caso del DIF Estatal, el cual es presidido por su esposa, Gabriela Rejón de Joaquín.

En el reparto del presupuesto se nota el trato de favorito que tiene Miguel Ramón Martín Azueta sobre el panista Francisco López Mena, pues mientras a la Oficina del Ejecutivo le quieren dar un aumento de 366 por ciento respecto al año pasado, para dotarlo de la grosera asignación de 113 millones de pesos, a la Secretaría de Gobierno, encabezada por López Mena, la están haciendo de menos en el proyecto presupuestal 2017, pues le están bajando los recursos a 135 millones 761 mil 14 pesos, que representa 32 millones de pesos menos que los asignados en el presupuesto 2016, cuando tuvo 168 millones 67 mil 288 pesos.

Con esto queda claro que la Secretaría de Gobierno le es inservible al gobierno joaquinista, porque sólo estará de adorno y bajo las sombras del jefe de la oficina del Ejecutivo, Miguel Ramón Martín Azueta, al representar sólo el pago de una cuota política al PAN.

Dentro del presupuesto pensado para el 2017, el gobernador Carlos Joaquín González pretende premiar a sus más cercanos colaboradores y así pagar sus compromisos de campaña que le hicieron llegar al poder, como el caso de Juan Vergara Fernández.

Juan Vergara Fernández, socio y prestanombres del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, fue el principal operador de Carlos Joaquín en las pasadas elecciones para la compra de votos, y por eso es que el próximo año estará recibiendo 721 millones 969 mil 445 pesos que quedarán para su uso discrecional a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la que es su titular, sin que exista justificación en algún programa de impacto social para tan insultante gasto.

Dicha cantidad representa 228 millones de pesos más que la asignada a la misma dependencia en este 2016, cuando recibió 493 millones 668 mil 401 pesos; pero es sólo el pago porque ahora Juan Vergara Fernández ha sido operador del gran engaño que es el refinanciamiento de la deuda pública, operación por la cual los quintarroenses sufrirán un aumento de 20 mil millones de pesos en el costo del endeudamiento, en lugar de bajar su carga; así como del aumento de impuestos que se plantea en el paquete fiscal del próximo año, también después de haber mentido a los empresarios sobre que no habría nuevos impuestos.

También para favorecer a Juan Vergara se contempla un aumento de más de mil 300 por ciento al fantasmagórico Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Indefin), que sube su presupuesto de 1 millón 323 mil pesos a 18 millones 724 mil pesos, sin que tenga ya funciones claras y efectivas, puesto que se creó para ser intermediario de la contratación de deuda pública y, según el actual gobierno, ya no se contratará más deuda y, además, el refinanciamiento de la deuda actual se debe concluir el 12 de diciembre de este año, de modo que no tiene ningún sentido darle 17 millones de pesos más, sino pagar compromisos del secretario de Finanzas.
Por otra parte, el sistema DIF Estatal, a cargo de su esposa, la señora Gabriela Rejón de Joaquín, recibirá un presupuesto de 412 millones 792 mil 810 pesos, es decir, 32.9 millones de pesos más que los asignados en el presente año, que fueron 379 millones 857 mil 703 pesos.

Y aquí también hay que tener en cuenta que, para su lucimiento y cumplir compromisos con Televisa, Carlos Joaquín ha dispuesto destinar 45 millones de pesos a la Fundación Teletón.

Lo mismo ocurre con el presupuesto para el Poder Legislativo, donde los serviles diputados del PAN y el PRD se subirán más de 95 millones de pesos en el presupuesto, pues en el 2016 el Congreso del Estado tuvo 340 millones 767 mil pesos, y para el 2017 quiere dilapidar 435 millones 872 mil pesos, lo cual acentúa que se trata de los diputados más caros del país.

Mientras, a la Auditoría Superior del Estado, donde no han podido colocar a un funcionario servil al nuevo gobernador, no le quieren subir el presupuesto, y pretenden dejarlo con los mismos 110 millones 157 mil 168 pesos del año pasado.

El Poder Judicial se salvó de ser de los ahorcados, porque Carlos Joaquín necesita que se paguen los sueldos de los tres alfiles que colocó en el Tribunal Superior de Justicia la semana pasada, por lo que le respeta el 2.27 por ciento que le corresponde del presupuesto general, que es algo más de 599 millones de pesos.

Sacrifican la inversión pública
La única justificación visible es que los organismos favorecidos son encabezados por su familia y los allegados que operaron a su favor para darle la gubernatura del estado, así como aquellos que le han servido en sus ambiciones personales; por ello es que se cometerá un derroche presupuestal para favorecerlos en el uso discrecional de los recursos del pueblo, mientras que otras dependencias donde no existen intereses políticos ni personales de por medio, se les va a reducir el presupuesto del siguiente año, al mismo tiempo que ejerce el revanchismo y castiga a los organismos donde no tiene funcionarios de su grupo.

Resulta llamativo que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) será una de las ahorcadas con el presupuesto del 2017, porque bajará de 113 millones 729 mil 762 pesos a 111 millones 495 mil 830 pesos.

que la Sintra es responsable de ejecutar obras públicas, Carlos Joaquín le quiere dar menos presupuesto que a su propia Oficina del Ejecutivo, donde quiere llevarse 113 millones de pesos sólo para su dispendio personal y gasto superfluo, junto con Miguel Ramón Martín Azueta.

La Secretaría de Turismo tendrá una disminución de 23.5 millones de pesos, porque en el 2016 recibió un presupuesto de 79 millones 303 mil 148 pesos, y para el 2017 se le asignarán 55 millones 715 mil 268 pesos; y esto a pesar del supuesto interés que tiene Carlos Joaquín González en el sector, porque fue titular de esta dependencia y también subsecretario de Turismo federal.

Sin embargo, en el proyecto de presupuesto de Carlos Joaquín queda claro que a su gobierno sólo le importa dilapidar para intereses personales el dinero del pueblo, puesto que al mismo tiempo que se aumentan el presupuesto de sus oficinas, reducen en más del 50 por ciento la partida destinada al Ramo de Inversión Pública.

Carlos Joaquín quiere destinar 1 mil 257 millones de pesos al Ramo de Inversión Pública, 53 por ciento menos que su antecesor Roberto Borge Angulo, que le asignó 2 mil 703 millones para el 2016; así que también el refinanciamiento de la deuda tampoco se reflejará en más obras públicas para los quintanarroenses, porque la inversión pública se reducirá drásticamente el próximo año.

Ahorcados por revanchismo político.

Los organismos castigados por el revanchismo tendrán que padecer la asfixia presupuestaria, porque Carlos Joaquín no les quiere conceder un incremento de recursos, sino que los deja con los mismos que tuvieron el año pasado.

Es el caso de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el cual se quedará con 40 millones 186 mil 456 pesos; y la Fiscalía General antes Procuraduría de Justicia, que tendrá un recurso de 588 millones 843 mil 557 pesos, cantidades que son las mismas que se les asignaron en este 2016.

El Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos Personales (Idaipqroo) tampoco tendrá incremento presupuestal, pues al pasar de 26 millones 261 mil 802 pesos a 26 millones 416 mil 505 pesos, sólo le dan un miserable aumento de 0.58 por ciento.

Dichos recortes presupuestales impactarán de forma negativa al estado, especialmente en el caso de la Fiscalía General del Estado, donde a Carlos Joaquín González no le importa hacer naufragar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia, con tal de ejercer su revanchismo contra la autonomía del fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera.

A la Fiscalía General del Estado se le asigna un presupuesto de 588 millones 843 mil pesos, que es lo mismo que en el 2016 se le puso a su antecesora, la Procuraduría General de Justicia; de modo que no hay interés de Carlos Joaquín de reforzar la persecución del crimen.

Mientras, por otro lado y como si de una burla se tratase, Carlos Joaquín González robustecerá el gasto de áreas no prioritarias y que tampoco guardan relación con las obras sociales, como lo son la oficina del Ejecutivo, que se agenciará 112 millones 926 mil 918 pesos, que equivalen a casi 5 veces más el presupuesto que tuvo en este 2016, el último año de Roberto Borge Angulo, cuando el monto de la misma oficina ascendió a 24 millones 197 mil 967 pesos.

La asignación de casi 113 millones de pesos a la Oficina del Ejecutivo supera varias veces más a los recursos destinados en el mismo para atender comunidades indígenas, abatir el rezago en vivienda y en alumbrado público y para promover el desarrollo regional, rubros a los que no se dirigieron ni siquiera 50 millones de pesos en la propuesta presentada por Carlos Joaquín a los diputados.

No existe justificación para tan grosero aumento de los recursos, de más del 366 por ciento, a disposición de la oficina de Carlos Joaquín González, de la cual no se conoce la estructura, y porque no tiene mayores funciones de impacto social, dado que sólo está al servicio personal del gobernador.

El único interés que se observa en esta insultante asignación de recursos del erario para la oficina del gobernador es satisfacer el favoritismo de Carlos Joaquín González hacia el jefe de esa oficina, Miguel Ramón Martín Azueta, quien ha pretendido erigirse en un funcionario tan poderoso como un secretario de Gobierno, inclusive haciendo sombra al que ostenta ese cargo, Francisco López Mena; además de poner a disposición del propio titular del Ejecutivo una ingente cantidad de recursos financieros para su uso discrecional.

Pero además, para los órganos desconcentrados del Despacho del Ejecutivo, donde se encuentran agrupados los funcionarios fuereños que Carlos Joaquín trajo al gobierno de Quintana Roo desde la Secretaría de Turismo, el gobernador quiere disponer de 242 millones 860 mil 400 pesos.

En éstos se incluyen la Secretaría Particular, donde Carlos Joaquín quiere asignar 73 millones 603 mil 213 pesos, mucho más del doble de lo que tuvo esa oficina durante el presente año, cuyo presupuesto fue de 31 millones 40 mil pesos.

Otro órgano al que Carlos Joaquín asigna un ingente aumento de presupuesto es a la Unidad del Vocero, a la cual le quiere aumentar de 34 millones 938 mil 296 pesos a 150 millones 733 mil 848 pesos para el próximo año.

Además, para su Consejería Jurídica asigna 9 millones 279 mil 521 pesos, un aumento de 2 millones respecto al 2016; y a la oficina de su secretario privado, el poblano Javier Badillo Martínez, a quien trajo de la Sectur, le asigna 9 millones 243 mil 819 pesos.

Estas asignaciones para las oficinas que están al servicio directo del gobernador, en conjunto absorberían 355 millones 787 mil 318 pesos, sin repercutir en programas de beneficio para la sociedad, sino sólo para estar a la disposición discrecional del mandatario y su grupo de colaboradores privilegiados.

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