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El abogado prestanombres: De mendigo a millonario

Cancún, 6 Nov /

Ariel Velázquez. (Diario La Verdad).

Según las investigaciones de la PGR y la Fiscalía del estado, César pasó de vivir en una humilde morada en Cozumel, a un poderoso empresario naviero e inmobiliario.

Para lograr esto, durante el mandato del ex gobernador Roberto Borge, tejió una intrincada red de lavado de dinero y triangulación de recursos públicos, así como la adquisición a precios de regalo, de terrenos pertenecientes al patrimonio estatal.

Durante los últimos dos años del mandato de Borge ( 2011-2016 ), de la noche a la mañana surgió la empresa “Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V.”, mejor conocida como Barcos Caribe, que le hizo competencia a otras dos empresas ya establecidas: Barcos México y Ultramar, mismas que llevaban más de 20 años operando.

Según las quejas que las empresas ya establecidas, la nueva compañía hacía competencia desleal, pues independientemente de vender los boletos más baratos y a precios subsidiados, Barcos Caribe tenía una taquilla instalada en un espacio público por el que pasaban los viajeros, mientras que las navieras ya establecidas sólo podían vender boletos antes de arribar.

Desde su inauguración, Barcos Caribe, creó polémica por el origen de sus recursos, ya que a finales de 2016 compró dos barcos tipo ferry catamarán con un valor de 10 millones de dólares australianos (más de 138 millones de pesos). También tiene otros cinco ferrys con valor superior al millón de dólares, cada uno.

Ante esto y desde principios de año, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) investiga a la empresa naviera por ocultar la compra de otras embarcaciones cuyo costo total fue de 299.9 millones de pesos.

Barcos Caribe, acorde a la PGR, es una sociedad naviera cuyo dueño es un prestanombres del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Dicha empresa inicio operaciones de servicios en febrero de 2015, para realizar el cruce marítimo de personas entre Cozumel y Playa del Carmen.

De acuerdo con la denuncia en SAT, la compañía pretendió ocultar la compra de las embarcaciones “porque los socios estaban conscientes de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”, un delito que se castiga con “cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa”, de acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

De la misma manera se informó que las autoridades náuticas y financieras, mantienen la documentación retenida de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A. de C.V., para evitar movimientos que alteren la composición accionaria de la empresa, así como actos que pretendan borrar los nombres de los socios originales, presuntos prestanombres del ex gobernador.

Dicho aseguramiento fue en cumplimiento de una orden judicial como parte de las investigaciones que se siguen dentro del expediente FED/SEIDO/UEIORPI- FAM-QR 00007-49/2016, cuyo principal involucrado es César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, quien hasta las últimas modificaciones al acta constitutiva figuraba como accionista mayoritario.

La orden expresa de aseguramiento de la PGR, se derivó a su vez de un juicio de procedimiento administrativo que se sigue en contra de la naviera por parte de la Secretaría de Economía:

“Para evitar la celebración de actos en que sean modificados los socios o los accionistas, al objeto, el capital social, a efecto de que se evite la disolución de la sociedad o se realice algún acto jurídico que modifique las condiciones de constitución de la misma”, trascendió.

MADRE DE BORGE, LATIFUNDISTA

En otro contexto, de manera indirecta en este expediente de los barcos, se investiga a la madre del ex gobernador, Yolanda Angulo Castilla, por “donar” los inmuebles que presuntamente compró al Gobierno del Estado durante la administración de su hijo Roberto Borge Angulo, para aumentar el capital de las empresas del grupo empresarial de la familia, particularmente a Caracol 65 S.A. de C.V., donde el principal accionista es nuevamente César Celso González Hermosillo y Melgarejo.

Primero fueron dos predios de la reserva territorial del estado, que suman una extensión de 20 mil metros cuadra- dos, los cuales fueron cedidos a González Hermosillo apenas un mes después de que Borge llegó a la gubernatura.

De acuerdo con la investigación, las propiedades que el abogado y amigo de la familia Borge ha adquirido en Cozumel durante los últimos cinco años, contrastan con su modesta vivienda, localizada en la colonia Emiliano Zapata.

En 2013 el Instituto del Patrimonio estatal le vendió un terreno de 11.7 hectáreas de la reserva territorial a la madre del gobernador y en 2015 la madre de Borge le cede este terreno al abogado y amigo de la familia, César Celso González Hermosillo.

1994 – REPRESENTA AL ROBERTO BORGE MARTÍN

2011 – RECIBE EN DONACIÓN DOS TERRENOS DE MÁS DE 20 MIL METROS CUADRADOS

2012 – SE CREA BARCOS CARIBE CON INVERSIÓN DE 200 MIL PESOS

2015 – BARCOS CARIBE INICIA OPERACIONES RECIBE POR CESIÓN DE DERECHOS TERRENO DE 11.7 HECTÁREAS EN COZUMEL.

2016 – RENUNCIA SOCIO Y QUIEREN COMPRAR DOS BARCOS NUEVOS POR 10 MDD

DESPEGUE MILLONARIO

La empresa fue constituida el 22 de junio de 2012 con un capital de 200 mil pesos y originalmente los principales accionistas eran Franco González Padrón y el González Hermosillo, pero conforme empezaron las investigaciones contra la naviera el primero de ellos renunció en agosto de 2016 a la sociedad, aunque eso no borró la antigua relación de socio en el negocio naviero del señor Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador.

Todavía en febrero de 2015, cuando se inauguró la operación de la naviera “Barcos Caribe”, González Patrón se ostentaba como presidente del Consejo de Administración y representante legal de la empresa.

Pero luego surgieron señalamientos y sospechas del financiamiento de la empresa, ya que ninguno de los dos accionistas podría pro- bar capacidad económica para haber invertido millones de pesos en la adquisición de cinco barcos, trasladados desde Australia, a las empresas Kilimanjaro Fast Ferries Limited, Word

Heritage Cruises y Aluminium Marine PTY, Ltd. Los pagos de estas adquisiciones salieron a través de diversas transferencias de una cuenta del banco Santander, propiedad de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, hacia otra cuenta radicada en Australia a nombre de IBS GLOBAL PTY, LTD, según autoridades.

A la operación la propia naviera la bautizó como “Proyecto Monarca” y pretendía ocultar las transferencias bancarias, lo cual no fue po- sible porque los documentos que prueban esas transferencias son parte de otra investigación que se sigue a la empresa ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a la que se ane- xaron copias de los contratos de compra-venta, así como de las transferencias bancarias.

Hasta el último cambio en la constitución de la empresa el Consejo de Administración seguía César Celso González Hermosillo y Melgarejo, como presidente; tÁlvaro Jesús Martín Martín, secretario; Elías George Mousa Tanus, tesorero; y Adriana Melisa Palma Fuentes, comisaria.

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