Pena Capital
Javier Chávez
Novedades Chetumal
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La nociva práctica del cobro de cuotas “voluntarias” en escuelas públicas persiste en la capital con la complicidad de las autoridades educativas que prefieren hacerse de la vista gorda, en lugar de hacer cumplir el artículo tercero constitucional que establece la gratuidad de la educación impartida por el estado a nivel básico.
Las denuncias de padres de familia de preescolar, primaria y secundaria obligados a pagar cuotas que van de los 100 y hasta los 250 pesos por alumno se cuentan por decenas tan sólo en Chetumal, siempre con la tremenda excusa de que las escuelas no reciben ni un peso de recursos del gobierno para su manutención.
El pretexto esgrimido por los directivos de las escuelas que acostumbran hacer su agosto cada inicio de ciclo escolar es una verdad a medias, pues si bien es cierto que no hay una asignación presupuestal para la manutención escolar, los centros escolares se hacen de recursos a través de la concesión de las tiendas escolares, las cuales pagan una aportación diaria a la dirección de las escuelas.
Por lo común, las tiendas escolares de Chetumal pagan por la concesión una cantidad de entre 600 y mil 500 pesos, dependiendo del tamaño de la escuela y número de alumnos, dinero que, según la reglamentación vigente, debe ser utilizado exclusivamente para mantenimiento de la escuela, mejorías en la infraestructura y compra de materiales didácticos.
El recurso que se obtiene a través de las tiendas escolares es suficiente para la compra de insumos de limpieza y cubrir las necesidades diarias. Aun así, muchos mandos de escuelas optan por imponer costosas cuotas cuyo destino es nebuloso.
En la última semana padres de familia han denunciado a través de las redes sociales el cobro de 100 pesos de cuota en la secundaria Técnica Número 2, “Justo Sierra Méndez”, y una situación similar en la primaria Álvaro Obregón, donde los alumnos deben pagar dos pesos por semana por el uso de los baños.
Lo peor del caso es que las denuncias son añejas y recurrentes, pues ambos planteles han mantenido esa práctica lucrativa por años, amparados en sus controladas Asociaciones de Padres de Familia sin que nadie les haya dado un coscorrón.
Un tema de alto impacto que debe ser atendido por la Secretaría de Educación y Cultura, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y diputados locales que dormitan en la comisión de Comisión, Ciencia y Tecnología.
