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Me usaron porque se acercaba el informe: Mario Castro Basto

Por Luciano Núñez

Fue detenido justo en agosto, como ahora José Alejandro Marrufo, pero quedó en libertad por pruebas contundentes de su inocencia en el caso VIP Saesa.

Mario Castro Basto fue acusado y llevado a la cárcel por ‘desempeño irregular de la función pública’ por el gobierno de Carlos Joaquín González en el mes de agosto de 2018. El ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y es delegado de Diconsa estuvo poco menos de un año preso por la supuesta adjudicación -sin concurso- de un contrato para la renta de dos aviones para uso del Ejecutivo estatal, entonces Roberto Borge.

A través de su defensa comprobó ante la justicia que esta adjudicación se autorizó en un comité de adquisiciones, el día 4 de abril del 2011, y el contrato fue aprobado y firmado el 5 de abril del mismo año, cuando todavía no era funcionario. Sin embargo, quien era su antecesor, Víctor Alcérreca Sánchez, ni siquiera fue mencionado en la causa ni juzgado por la justicia.

En una emotiva carta titulada “La Verdad Siempre sala a Flote”, publicada en su red social, Castro Basto remarcó a su salida que se vulneraron flagrantemente sus derechos humanos, “simple y sencillamente por no ser funcionario público en las fechas que presuntamente se cometió el ilícito”, escribió. A poco más de un año de su salida, Grupo Pirámide le consultó por el desarrollo de su proceso jurídico.

-¿Cómo se desarrolló su causa?

-Mi caso fue igual a los demás que están contenidos en la carpeta de VIP Saesa de los aviones del gobernador. Se fueron cayendo las imputaciones y decían que era por desvíos de recursos por 600 millones de pesos.

-Lograron probar con documentos lo expuesto en la defensa…

-Se consiguieron las bitácoras de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y se comprobó, ante el juez, que los vuelos sí se habían realizado, que no había desvío de recursos. Así se fueron cayendo las imputaciones y quedó en que no habíamos concursado, en mi caso en contrato.

-Y qué pasó con eso…

-Conseguimos las actas del consejo de administración, donde consta que ese contrato lo había hecho mi antecesor. Yo no intervine en el contrato. Eso lo sabían en el gobierno y lo usaron como factor mediático porque se acercaba el informe de 2018. Y sabían que trabajé con (Roberto) Borge del 2011 al 2012, entonces, ya tenía seis años que había salido y, aunque tuviera intervención en el contrato, estaba prescripto para fincar responsabilidades. Todas esas falsas imputaciones fueron tomadas en cuenta por un juez que ordenó mi libertad.

-¿Qué concluye de todo esto que pasó?

-Es lamentable te rompen la vida, porque yo llevaba una trayectoria tratado con éxito de no meterme en líos. Eso perjudicó 40 años de carrera, entonces, casos hay parecidos. El de Víctor Lozoya, que lo tuvieron más de un año, y en el caso de Mauricio Góngora, esa carpeta se cayó de inmediato. La única que tenían en firme, pero estaba todo mal.

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