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Recortarse el presupuesto de Beto Borge, el reto del Congreso

El gobernador Carlos Joaquín González enfrenta la crisis financiera más endemoniada de nuestra historia, por el tonelaje de la deuda pública y por los despiadados recortes decididos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para 2020. Con este negro panorama nuestro multimillonario Congreso tiene la presión política en su cancha porque está obligado a compartir el tremendo sacrificio, recortando un porcentaje significativo de su jugosísimo presupuesto obsequiado por el gobernador priista Roberto Borge Angulo.

Morena manda en el Congreso porque su diputado Édgar Gasca Arceo preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), respaldado por las bancadas del PT y el Verde Ecologista. El bloque antagónico está al servicio del gobernador y es encabezado por el PAN y lo integran PRD, PRI y el diputado del partido local Movimiento Auténtico Social (MAS). En otra zona José Luis “Chanito” Toledo Medina –de Movimiento Ciudadano– no se opondría a la amputación financiera.

Nuestro Congreso ejerce este año 468 millones 858 mil pesos; son 39 millones al mes los que nos cuesta, flujo de billete que resulta hasta insultante si el mismo presupuesto es conservado por nuestros diputados para 2020. Cada coordinador de bancada tendrá que revisar su condición multimillonaria para seguir el ejemplo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha predicado una austeridad republicana que desagrada a la burocracia que mora en el Olimpo.

En cambio, el Congreso de Yucatán ejerce este año 137 millones de pesos y además está aplicando rigurosas medidas de austeridad.

Veamos: entre los presupuestos del Congreso de Quintana Roo y Yucatán hay una diferencia de casi 332 millones a favor de nuestros abnegados representantes populares, diferencia de escándalo y hasta inmoral en estos días de catástrofe inevitable.

La Auditoría Superior de Quintana Roo también disfruta su hinchazón presupuestal de 159 millones 272 mil pesos. En cambio, la Auditoría yucateca tiene asignados 69 millones. Hablamos de una diferencia de 90 millones a favor de la Auditoría Superior caribeña.

La Secretaría de Obras Públicas ejerce este año tan solo 103 millones de pesos, mientras la Secretaría de Salud tiene que hacer milagros con 82 millones 957 mil pesos.

Los 25 diputados están obligados a revisar sus entrañas financieras para solidarizarse con el gobernador Carlos Joaquín, recortando presupuesto a dependencias inservibles o de bajísima utilidad, como el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sus injustificables 45 millones de pesos.

Nuestros diputados tienen que distribuir con justicia el presupuesto, pero sin omitir la obligación de predicar con el ejemplo, yendo más allá del discurso de una falsa austeridad porque van a aferrarse a ese montañoso presupuesto obsequiado por el ex gobernador Roberto Borge, quien intentó atrincherarse al Poder Legislativo para soportar el gobierno de su enemigo Carlos Joaquín.

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