Anwar Moguel
Chetumal, 23 de abril
¡Es el colmo! El Congreso local, la casa de los “representantes del pueblo” que elaboran y aprueban las leyes que rigen nuestro estado, es un ejemplo viviente de que la legislación vigente en materia de transparencia –avalada por los legisladores locales– es letra muerta.
Si, el Congreso de Quintana Roo, señalado como uno de los más oscuros del país, demostró que su fama es bien merecida en una simple solicitud de información a la que respondieron cuando les dio la gana, de mala manera y ocultando a cal y canto los datos solicitados.
Para poner a prueba la eficiencia de la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo dirigida por el ex líder de la CTM en el municipio capitalino, Rafael Beltrán Chim, se realizó una petición de información a través de su portal de internet de manera clara y precisa, pidiendo el número total de empleados del Congreso local y el presupuesto asignado para el pago de la nómina.
En el oficio de solicitud con folio 020-15 se pidió lo siguiente: “Solicito el número total de empleados, incluyendo personal de base, de contrato, honorarios y eventuales del Poder Legislativo, así como el presupuesto mensual asignado para el pago de nómina desglosado por tipos de empleados (Funcionarios, directores, jefes de departamento, asistentes, particulares,etc.) de 2014 y 2015”.
La solicitud se realizó el 18 de febrero de 2015, sin embargo nueve días después –la ley establece que deben entregar la respuesta dentro de los diez días hábiles siguientes-, el 27 de febrero, la Unidad de Vinculación del Congreso solicitó una prórroga que les da la posibilidad legal de posponer la respuesta diez días más.
Fue hasta el 5 de marzo cuando por fin entregaron una “respuesta” a la solicitud que, sorprendentemente, ¡no ofreció ninguno de los datos solicitados!
La escueta respuesta llegó en una sola cuartilla digitalizada en PDF, concentrada en un solo párrafo:
“Al respecto debemos señalar que la información que se requiere se encuentra en la página web del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo http://www.congresoqroo.gob.mx/transparencia/; concretamente en el artículo 15 fracciones III y IV apartado de Directorio de Servidores Públicos y Tabulador de Sueldos…”, y hasta allí.
Imagínese usted el tortuguismo, que tardaron DOCE días hábiles para entregar en un párrafo una respuesta que evidencia el grado de temor que tiene el Congreso a abrirse al escrutinio ciudadano.
Pero el viacrucis no terminó allí, ya que al acudir al sitio web a las fracciones referidas resultó que solo aparecen unas tablas con el nombre de los puestos, su categoría y el sueldo asignado, y en el directorio solo unos cuantos funcionarios, de jefes de departamento para arriba.
En fin, una falacia que nada tenía que ver con la información solicitada.
Aquí los no´s:
-Se negaron a informar sobre el número total de empleados.
-Se negaron a informar cuanto presupuesto mensual se asigna para la nómina en cada área.
-Se negaron a informar cuantos trabajadores son de base, confianza, honorarios, eventuales, etc.
-Se negaron a informar cuanto se gasta el Congreso en asistentes, asesores, secretarios particulares, etc.
En pocas palabras, ¡no respondieron nada! Y mandaron al carajo el derecho a acceder a la información pública que tenemos todos los ciudadanos y que está supuestamente consagrado en la Constitución.
A raíz del celo con el que el Congreso evita al grado de lo ridículo soltar información, salta la duda de quién o quiénes son los responsables de cerrar bajo llave los datos que deberían estar al alcance de cualquier ciudadano.
Porque si es incompetencia del titular de la Unidad de Vinculación, Rafael Beltrán Chim, que no se da cuenta que le preguntan una cosa y responde otra, debe ser removido de su cargo de inmediato, ya que si tan solo reciben un puñado de solicitudes de información uno esperaría mayor eficiencia y mejores respuestas.
Pero si la cerrazón viene de arriba, por mandato del “líder” del Congreso, Pedro Flota Alcocer, o de la poderosa Oficial Mayor, Melisa Verduzco, el asunto entonces es mucho más serio y estamos hablando de una opacidad por diseño, que pondría en entredicho la imagen del Poder Legislativo en su totalidad.
