Se abolla el “blindaje”

Sin Anestesia
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Tal como se esperaba, los diputados locales aprobaron este martes en el cuarto periodo extraordinario de sesiones la derogación de la conformación del Tribunal de Justicia Administrativa y la revocación de los nombramientos de los tres magistrados de ese nuevo organismo, que habían sido colocados en ese puesto apenas un par de semanas atrás.

La solicitud de dar marcha atrás en la creación de este Tribunal y sus magistrados provino del propio mandatario, Roberto Borge Angulo, que tras reunirse con la Procuradora General de la República, Arely Gómez, por la acción de inconstitucionalidad emprendida por la PGR contra el gobierno del estado y el Congreso local, se comprometió a rectificar la situación.

Y es que la creación del Tribunal de Justicia Administrativa fue considerada parte de la estrategia de Roberto Borge para “blindarse” ante el término de su gestión, junto con los nombramientos del Fiscal General y del Auditor Superior del Estado por un periodo de siete años.

Pero tras el manotazo del presidente Enrique Peña Nieto, que lanzó a la PGR como sabueso de caza contra el gobierno estatal, Borge Angulo y los diputados locales del PRI y sus aliados se vieron obligados a reaccionar en consecuencia para no quedar tan mal parados.

Además de tirar el nuevo Tribunal con todo y sus magistrados, la abolladura del blindaje llegó hasta la Fiscalía General, pues este martes los diputados añadieron una especie de cláusula, donde faculta a la próxima Legislatura que entrará en funciones en septiembre para designar o ratificar al Fiscal General.

Originalmente, nombraron al Procurador Arturo Álvarez Escalera, incondicional de Roberto Borge, como Fiscal “inamovible” por los próximos siete años, pero al funcionario se le cayó la sopa antes de llegar a la boca, ya que la XV Legislatura y Carlos Joaquín González, tendrán la decisión sobre su destino.

Del paquete de blindaje inicial de Roberto Borge Angulo solo queda en pie el Auditor Superior, Javier Zetina González, aunque tampoco la tiene tan segura, ya que el recién organizado Comité Ciudadano de Quintana Roo entregó hace un par de días al Congreso local una petición acompañada de más de dos mil firmas para revocar el nombramiento de Zetina González como Auditor, además de exigir se derogue la aprobación de escoltas para los ex gobernadores por un periodo de 15 años.

Con los ciudadanos pasando a la ofensiva y una coyuntura política adversa, el “blindaje” de Borge está en riesgo de quebrarse por completo.