Ayer a altas horas de la noche, mientras persistentes y privilegiados chetumaleños disfrutaban a Calibre 50 en la ceremonia del Grito de Palacio de Gobierno, se cumplían dos meses del sorpresivo aseguramiento que hizo el Ejército de casi 200 kilogramos de mariguana transportada en una camioneta oficial de la Secretaría de Salud, cuya titular es la ausente Alejandra Aguirre Crespo, quien ha bateado el tema como si fuera una travesura de querubines.
El conductor de la Pickup blanca fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, de cuya investigación no hay la mínima novedad y al parecer se ha empantanado, porque el chofer tuvo que contar con todo el apoyo interno para el traslado frecuente de la mota, con la logística, viáticos y cobertura de una noble institución que impulsa a darle paso libre sin incubar la mínima sospecha en las carreteras.
A las 21.10 horas de aquel viernes los militares interceptaron la camioneta de la SESA a la altura del poblado de González Ortega, en el sur del estado. Quizá el mismo chofer haciendo frecuentes viajes nocturnos llamó la atención de los hombres de uniforme verde olivo, quienes no se tragaron el cuento de que trasladaba “muestras rápidas de Covid”.
En la batea contemplaron 20 cilindros, en cuyo interior descubrieron la mota en cantidades industriales y con destino a Chetumal. Creyendo en sus nobles motivos, quizá en la Secretaría de Salud estén experimentando con la mariguana para incorporarla al cuadro básico de medicamentos por sus enormes beneficios.
Ya estamos a nueve días del relevo de Carlos Joaquín y del esperado ascenso de Mara Lezama, quien tiene como carta fuerte para la Secretaría de Salud a Flavio Carlos Rosado, destacado exdelegado del IMSS y eficaz colaborador de la gobernadora electa como alcaldesa de Cancún.
Pero en lugar de una dependencia sana y concentrada en la batalla por la salud de los quintanarroenses, el sucesor de Alejandra Aguirre encontrará una institución parasitada y con tumores malignos descuidados, con una corrupción a rienda suelta que pondrá contra las cuerdas a más de un funcionario metido en el negociazo.
La misma Alejandra Aguirre está obligada a exigir que avance la investigación de la Fiscalía General de la República hasta donde tenga que llegar, desarticulando a una mafia que pudo trasladar toneladas de mota sin levantar sospechas, hasta que llegó la noche fatídica y se les cayó el teatro, gracias al riguroso desempeño de militares pertenecientes al Séptimo Regimiento de Caballería Motorizado.
Hay que ahondar en el proceso de entrega recepción en la SESA, con énfasis en el expediente del traslado de mota con vehículos oficiales. Porque insisto: estamos ante una real delincuencia organizada en la entraña de una dependencia del Gobierno del Cambio en fase de despedida.
