Chetumal, 7 de abril.-
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) mantiene abierta una investigación por la desaparición de cinco millones de pesos en la cuenta pública de la Universidad Politécnica de Bacalar, en el Ejercicio Fiscal 2013. Además esa misma cuenta pública está siendo observada por las comisiones de educación y de hacienda del Congreso del Estado, que de manera paralela realiza una indagatoria para determinar el destino de esos recursos, que fueron utilizados de manera ilegal por el rector Miguel Pérez Cetina.
Desde la Comisión de Educación del Poder Legislativo se dio adelanto que la indagatoria apunta a que esos recursos no fueron incluidos en el rubro de ingresos de la universidad, por tratarse de una autogestión realizada desde la dirección del plantel.
Los recursos fueron gestionados por Miguel Pérez Cetina, ante organismo del Gobierno Federal en 60 por ciento y el restante porcentaje ante organizaciones no gubernamentales y fundaciones, bajo el supuesto de apoyar el crecimiento de la infraestructura universitaria y becas para los estudiantes.
En específico apoyar la construcción de los edificios de aulas y el mejoramiento del camino de acceso, y hasta la adquisición de un autobús, sin embargo, ninguno de los objetivos fue cubierto.
Y en la investigación no se tiene claro el destino del dinero, aunque se deja entrever que fue utilizado para apoyar una campaña política.
La revisión que realizan auditores de ASEQROO, tiene un avance de más de 60 por ciento y apunta que el dinero fue desviado a través de una cuenta bancaria a nombre de Alfonso Durán, persona muy vinculada con el rector de la Politécnica de Bacalar.
El órgano fiscalizador espera abrir el informe total de la cuenta pública 2013 de la Universidad que fue entregada por Miguel Pérez en los últimos días del mes de marzo pasado, para acceder a mayor documentación.
Según los datos investigados, se tuvo una relativa facilidad para desviar el dinero, porque esa autogestión realizada por el directivo no fue reportada a ninguna autoridad del Estado de Quintana Roo, además de que por tratarse también de donativos no oficiales a través de ONG´s, la fiscalización no es obligatoria.
“Si bien no es muy obligatoria la fiscalización porque una parte del dinero viene de donativos de empresas o de fundaciones, lo que si debe ser obligatorio es que todo el recurso que entra a la institución debe ser reportado para conocer el destino y ajustar las cuentas”.
En términos generales -coincidieron las fuentes-, se puede resumir que hubo una gestión a nombre de la universidad y no se reportó el dinero, hay que establecer el monto total, y si existen más involucrados, en tanto que el primero que debe responder es el rector Miguel Pérez Cetina, que al documentarse la ilegalidad, no sólo será cesado del cargo, sino que tendría que reintegrar el dinero y hasta pisar la cárcel.
Fuente: Julián Marquez (Diario de Quintana Roo)
