Mentira de Gustavo, ineficiencia de Lili

Julián Santiesteban

El 23 de septiembre de 2019, el ahora presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda García, presentó una iniciativa para normar la legítima defensa en Quintana Roo, acción que ya han realizado otras entidades federativas, pero en lo local; el tema se estancó y entró en caducidad legislativa; lo peor de todo es que el legislador local difundió esa iniciativa como si ya se hubiera aprobado, cuando él y Lili Campos Miranda, presidenta de la Comisión de Justicia –que debió analizar el tema-, están a punto de irse a campaña en pos de otro cargo de elección. El primero miente, la segunda, simplemente abandonó la tarea.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo establece en el artículo 149 que toda iniciativa deberá ser analizada y votada en pleno dentro del término de ciento ochenta días naturales siguientes contados a partir de su lectura y, aunque pudiera aducirse que el año anterior el Congreso suspendió labores en diversos momentos, el subsecretario de Servicios Legislativos, Benjamín Vaca González, remitió a los legisladores un documento en el que se enlistan las iniciativas ya caducas, entre las que se encuentra la presentada por la fracción del Partido Verde Ecologista (PVE) que pretendía modificar la norma vigente en materia de legítima defensa, la cual debió votarse, como máximo, el 20 de octubre del año pasado y discutirse desde febrero.

La iniciativa se presentó desde septiembre de 2019 para que las comisiones unidas de Justicia y la de Seguridad abordaran el tema, se realizaron reuniones con secretarios técnicos tanto de la Fiscalía General del Estado (FGE) como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, pero luego de ello la tarea simplemente se frenó, cuando la primera de estas comisiones, presidida por Campos Miranda, debió realizar un seguimiento efectivo. Ahora, tanto el legislador verde como la diputada albiazul, tienen el carácter de precandidatos, el primero a la diputación federal por el Distrito 04 federal, mientras que la primera aspira a ser abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Solidaridad. Luego entonces, además de una iniciativa caduca, tanto su impulsor como quien debió atenderla, simplemente dejarán su carácter de legisladores locales en breve (o lo serán, pero con licencia, que para el caso es lo mismo…bueno, también en funciones ha sido lo mismo. Touché)

¿Y qué tiene de importante todo lo dicho? Pues que este fin de semana, el diputado Miranda García difundió una imagen en sus redes sociales en las que se adjudica el título de “creador de la legítima defensa”; pero además lanza la consigna de “que los delincuentes la piensen dos veces antes de entrar a nuestras casas y negocios.” Suena bien, pero es mentira, pues la iniciativa está caduca, deberá, en todo caso, reponerse todo el proceso legislativo, lo cual será posible sólo si lo hace en los siguientes días y sus 24 compañeros legisladores acompañan el proceso para alcanzar a aprobarlo. En caso contrario, simplemente mintió. A lo largo de la historia, local o nacional, hemos visto promesas incumplidas, pero esta, ya raya en la desfachatez. ¿Y Lili Campos? Pues también, tendría que retomar el trabajo de su comisión, lo que urge, considerando que además dejó pendientes infinidad de otros temas y juicios políticos; ¿le dará prioridad a la legítima defensa, antes de irse a la campaña?

Por cierto ¿en qué consiste la propuesta? Cabe decir que es muy buena, pues posibilita que el ciudadano se defienda por cualquier vía y forma, cuando un delincuente –incluidos policías- entre a su vivienda o negocio y afectar su patrimonio. Es una norma urgente, sobre todo con la criminalidad que impera en el estado, pero tendría que partir del reconocimiento de la incapacidad local de las autoridades para proveer seguridad y justicia, ¿a poco se van a dar el discursivo balazo en el pie? Sobre todo para municipios como Benito Juárez.

Si el lector nota, lo hecho o dejado de hacer por los dos personajes es tan sólo una muestra de lo mucho que se promete y lo poco que se cumple, de cómo se enarbolan anhelos ciudadanos y se abandonan a la primera oportunidad y, también, será muestra en los siguientes días de cómo se culpa a los demás de la nulidad de resultados, antes que asumir la responsabilidad de dejar tirado el trabajo, por irse a una nueva campaña electoral. El escribiente ha lanzado en colaboraciones recientes la pregunta que ahora repite: ¿Quiénes de los futuros candidatos pueden y basarán su campaña con base en los resultados que han ofrecido y no, en nuevas promesas que no piensan cumplir? Sin duda, estos dos, no.

Comentario morboso

Y hablando de promesas incumplidas –como las de cambio, honestidad… aplicación adecuada del presupuesto-, este fin de semana circuló profusamente en redes sociales la noticia de que Manuel Alamilla Ceballos aun cobra como oficial mayor del gobierno de Quintana Roo (113 mil pesos mensuales), lo cual se fundamenta en que, en la estructura orgánica aun aparece como funcionario en activo (https://qroo.gob.mx/om/manuel-israel-alamilla-ceballos). La dependencia se desapareció por decreto del Ejecutivo (sin tener facultades para ello, por cierto, por ser atribución del Poder Legislativo, mismo que hasta ahora tampoco ha avanzado en el tema) desde el 08 de julio de 2020; los procesos administrativos que le eran propios se integraron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuya titular, Yohanet Torres Muñoz, asumió el doble rol (¿no es esta también una irregularidad administrativa por atender? –

El cúmulo de señalamientos –en ese nivel, pues la instancia contralora en el estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, dormitan en la tranquilidad de la indolencia- en contra de Alamilla Ceballos fueron tantos, que se simuló la desaparición de una instancia gubernamental, dejando intocada la quincena del polémico funcionario… bueno, pues esa es la versión circulante, justo en la víspera de que el Congreso del estado retome la petición del gobierno estatal para autorizar un nuevo endeudamiento por 820 millones de pesos… para sueldos sí hay, para lo demás, no; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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