Golpe de Mazo
Novedades Chetumal
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La revuelta de estudiantes del Conalep de Chetumal que manifestaron su descontento por la imposición de una desproporcionada cuota “voluntaria” que les exigían pagar para continuar sus estudios, logró doblegar a la directora general de la institución, Cecilia Loría Marín, quien finalmente aceptó que no se cobraran estas cuotas a estudiantes de bajos recursos.
Como se recuerda, a principios del mes de enero decenas de alumnos del Conalep Chetumal realizaron marchas y hasta un plantón en la Casa de Gobierno demostrando su inconformidad por el cobro arbitrario de una cuota de mil 050 pesos adicionales a su inscripción, impuesta por las autoridades del plantel con el aval de Loría Marín.
Lo grave del caso es que a pesar de que en la ficha de pago esta cantidad se etiquetaba como una aportación voluntaria, en los hechos los estudiantes eran obligados de manera ilegal a realizar el pago so pena de no ser reinscritos en el plantel.
La valentía de los jóvenes que no se dejaron amedrentar por las amenazas de los mandos medios del Conalep y que lograron que sus derechos sean respetados por la autoritaria directora general sembró un ejemplo digno de ser imitado por alumnos de otras instituciones de nivel medio superior que sufren semestre con semestre por estos pagos anticonstitucionales.
Porque el caso del Conalep solo es la punta del Iceberg, puesto que las mal llamadas “cuotas voluntarias” son un jugoso negocio en todas las escuelas públicas de nivel medio superior, que hacen su agosto en cada periodo de inscripciones.
El año pasado, hubo denuncias de esta mala práctica en los Colegios de Bachilleres, Cecytes, Cbtis y también en la Eva Sámano, con cuotas decididas unilateralmente por los directivos que oscilaban de los 700 hasta los mil 200 pesos.
En su momento, el propio director de Educación Media Superior de la SEyC, Salvador Medina Pérez, intentó justificar el cobro de cuotas aduciendo que los padres tenían la obligación de coadyuvar en la atención de las necesidades de los planteles.
Sin embargo, la ley establece con toda claridad que la decisión de aportar o no queda a voluntad de los estudiantes y sus padres, por lo que en ningún momento su acceso a la educación puede estar condicionado por el pago de una cuota.
Las escuelas públicas de todos los niveles deben poner sus barbas a remojar y buscar el apoyo de los padres por medio de estrategias transparentes, contempladas dentro del marco legal, dejando de lado el negocio de las cuotas que por tantos años ha exprimido los bolsillos de las familias.
